Soluciones para la recesión económica dominicana

           Es mucho lo que últimamente se viene comentando en los medios de comunicación sobre el impacto de la actual recesión económica internacional en nuestro país, sus causas y posibles iniciativas de solución a seguir.

Parece existir un consenso entre los principales analistas respecto al efecto negativo que la recesión tendrá en dos de los sectores de mayor relevancia para la economía dominicana: la construcción y las remesas.  

Algo más ambiguo de definir resulta el impacto definitivo sobre, la también crucial, industria turística nacional, ya que la República Dominicana podría acabar asimilando parte de la clientela que tradicionalmente escoge otros destinos merced a su menor precio relativo.  

Por ejemplo, para la mayoría de los residentes de la Unión Europea, unas vacaciones de seis noches bajo la modalidad “todo incluido” en la República Dominicana resultan más económicas que una visita de tres noches a cualquier otro país europeo sin incluir la comida.

 En todo caso, la posibilidad de una recesión más o menos profunda y la creciente oleada de agitación social ameritan un replanteo de la actual política económica del gobierno,  a quien sin ánimo de ser exhaustivo y en virtud de mi competencia en el tema recomendaría lo siguiente: 

1.    Elevar la producción local de aquellos alimentos de la canasta familiar que no se producen actualmente de manera suficiente o que pueden dejar de importarse sin causar mayores inconvenientes.  La expansión en la oferta de alimentos contribuirá a aumentar el poder adquisitivo de la población vía una reducción en el nivel general de los precios, lo que a su vez permitiría mitigar las crecientes demandas de aumentos salariales de varios segmentos laborales ya que éstas en realidad son demandas de mayor poder adquisitivo.

 

En este sentido, deudas multimillonarias como las que el gobierno tiene pendientes con las empresas generadoras de energía eléctrica,  el INESPRE y los Productores Agrícolas de Constanza, ascendentes a más de 11,300 millones de pesos, han de ser consideradas como un serio obstáculo para elevar la producción nacional de alimentos.

 

Con la expansión o recuperación del poder adquisitivo de la población por esta vía se obtienen además otros dos beneficios. Por un lado se facilitan los procesos de de acumulación, ahorro e inversión de capital inherentes a la dinámica del crecimiento económico y, por otra parte, es posible aliviar la demanda de divisas –ahora más escasas- con fines de importación para bienes alimenticios.

 

2.    Declarar una Ley de Austeridad Pública en virtud de la cual se optimice la nómina pública y se recorten los salarios de los funcionarios cuyo paquete de compensación anual supere el equivalente a ciento cincuenta mil pesos mensuales en un 30%, reorientando los recursos así obtenidos hacia los desembolsos productivos antes mencionados.

 

El Secretario de Estado de Hacienda, Vicente Bengoa, dice la verdad cuando afirma que  ahora mismo una reducción del gasto público podría profundizar la recesión. Sin embargo, conviene recordar que la naturaleza y composición del gasto público es tan importante como su magnitud. Un millón de pesos empleados en remunerar a trabajadores ineptos y estériles –botellas– no significarán jamás lo mismo para la Prosperidad de la República que igual cantidad en manos de gente verdaderamente competente y laboriosa. Otro tanto sucede con los montos dedicados a vehículos, lujos y queridas respecto a fines infinitamente más provechosos como lo son la buena salud y la  acertada educación de nuestro pueblo.

 

Sin embargo, mucho me temo que poco puede hacerse para optimizar la nómina pública sin que antes los partidos políticos renuncien para siempre a hacer de ella un arma electoral en la que primen el favor y el oportunismo sobre la cualificación, el mérito y la planificación a largo plazo. Quiera Dios que nuestro actual Presidente, el Dr. Leonel Fernández Reyna, quiera cubrirse de gloria al liberarnos de una vez y para siempre de semejante gangrena.

 

3.    Desestimar la compra de nuevas aeronaves para la lucha contra el narcotráfico.  Aunque ciertamente según Maquiavelo “no puede haber buenas leyes allí donde no hay buenas armas” creo que 93.7 millones de dólares invertidos en obtener una población mejor educada y saludable, con mayor poder adquisitivo y con un sistema jurídico ágil y menos imperfecto resultarán más efectivos en contra del narcotráfico que ocho tristes aeronaves.

A los beneficios económicos hasta aquí mencionados y que indudablemente se siguen de las medidas antes descritas, haría falta añadir otros tantos de naturaleza electoral y política. La ruina de los productores eléctricos y agrícolas, la indefensión del empresariado frente a las demandas legítimas de alzas nominales en el nivel general de salarios y la consecuente propagación de estos males y de otros a ellos relacionados hacia el conjunto de nuestra economía garantizan una derrota electoral prolongada, incluso a manos de una oposición débil y fragmentada como la que encabeza actualmente el Partido Revolucionario Dominicano.

En cambio, la acertada implementación de las iniciativas propuestas permitiría al Partido de la Liberación Dominicana recuperar parte del caudal electoral perdido y capitalizar al máximo la fragilidad de la principal organización opositora, abriendo un hueco que también podrían aprovechar los líderes políticos emergentes de gran valía como Eduardo Estrella y Guillermo Moreno.

 Creo que ya es tiempo de desnudar la hipocresía según la cual procuramos como nación soluciones solamente aparentes –superficiales- y no reales –y definitivas- a nuestros problemas.  La misma que nos lleva a querer vivir como ricos cuando todavía somos pobres por dentro._

 

Manuel Moisés Montás es Economista, candidato a PhD en Fundamentos del Crecimiento Económico por la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos, instituciones en las que labora como investigador y catedrático, respectivamente.