Nuestra Reforma Constitucional

Luego de leer la propuesta de Reforma Constitucional que presentara recientemente el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional no puedo hacer menos que felicitar la encomiable labor tanto del equipo de expertos como de los ciudadanos que participaron en las consultas populares previas a su elaboración. En mi opinión, la misma representa sin duda un avance respecto a nuestra constitución anterior y sin duda tiene muchos más  elementos positivos que negativos.

Entre las principales innovaciones positivas destacan la representación en sendas cámaras del congreso de los numerosos  dominicanos y dominicanas residentes en el exterior, así como de los partidos minoritarios en la cámara baja. También la mayor subordinación del Poder Ejecutivo respecto a la ciudadanía representada en el Congreso Nacional y la creación de organismos especializados en materia inmobiliaria, jurídica y constitucional, entre muchos otros.

Sin embargo, el que la reforma sea predominantemente positiva no significa que no existan algunos de sus elementos que no nos merezcan alguna forma de reserva cuando no un rotundo rechazo, atendiendo a lo que entendemos mejor para la República Dominicana. Uno de ellos es la ficción de autonomía en organismos clave como la Cámara de Cuentas, la Procuraduría General de la República, la Junta Central Electoral, el Banco Central y la Defensoría del Pueblo.

Puede hablarse de una ficción de autonomía en la medida en que la totalidad de los  titulares de estas instituciones públicas dependan únicamente del Poder Ejecutivo y/o  de las agrupaciones políticas representadas en el Congreso Nacional para acceder o permanecer en sus cargos. Resulta contradictorio que, por ejemplo, el Procurador General de la República o los Miembros  de la Cámara de Cuentas, no siendo electos en base al mérito sino básicamente por la discreción de quien ocupa el Poder Ejecutivo, procedan a realizar sus funciones sin tomar en cuenta el perjuicio que podrían causar a aquellos a quienes deben el puesto con el cual han sido favorecidos.

Lo idóneo sería que los integrantes de cada uno de estos organismos fueran escogidos con la participación de un mayor número de sectores y poderes, quedando siempre abierta la posibilidad de que algunos de sus miembros titulares y la gran mayoría de sus empleados  sean electos mediante un concurso abierto a la sociedad civil competente para las labores cada institución.

No menos deseable sería la restricción a nivel constitucional del número total de empleos en el sector público a discreción de los cargos electivos, que hoy en día es el principal mecanismo de corrupción democrática y clientelismo político en nuestro país.  Al menos el 80% de los empleos en el sector público deberían quedar garantizados para sus ocupantes y condicionados siempre a los resultados obtenidos en una serie de pruebas dentro de un proceso de selección abierto al público.

Hace falta además el requerimiento constitucional de una rendición de cuentas anual reforzada con auditorías para los principales funcionarios públicos y ocupantes de los cargos electivos, lo que sin duda resulta indispensable para reducir la corrupción y mejorar la transparencia.

La reelección presidencial, luego de dos períodos consecutivos, debería quedar prohibida al menos durante otros dos períodos presidenciales en lugar de uno. En este último caso, los ex mandatarios cuentan y sus seguidores cuentan con un incentivo muy poderoso para conspirar en contra de sus propias agrupaciones políticas favoreciendo su derrota a fin de garantizar su cuota de poder y liderazgo. No sería tampoco demasiado difícil para un líder carismático establecer temporalmente en el poder a algún otro dirigente que le sirva de marioneta sin hacerle sombra.

En cambio, frente a la imposibilidad de ser candidato a la presidencia en las próximas dos elecciones presidenciales es de esperarse que merced a la prolongada inactividad de los ex mandatarios se facilite la transición del liderazgo interno en los partidos y el relevo generacional al forzar a los que abandonan el poder en una edad avanzada a dar paso a las generaciones emergentes dada su imposibilidad biológica de esperar doce años para intentar volver al poder.

 Con la intención de garantizar una mayor integración social e igualdad de oportunidades en materia educativa el artículo 52 de la Constitución propuesta debería establecer la obligación patriótica de que no menos del 10% del número total de matriculados en cada curso o carrera profesional en todos los centros educativos privados reciban su formación de manera gratuita, favoreciéndose en dicha proporción a los jóvenes más talentosos pertenecientes a familias con bajos ingresos.  De esta manera, algunos de los más pobres podrán acceder a las mismas oportunidades hasta ahora reservadas solamente para los más ricos y éstos quedarían menos distanciados de la situación de aquellos, lo que acabaría favoreciendo también la solidaridad y fraternidad entre ellos.

Estas son solo algunas de las principales modificaciones que proponemos al texto constitucional y que entendemos más relevantes para el bienestar del pueblo dominicano. A continuación presentamos una relación más detallada y específica de las modificaciones propuestas por artículos dentro del texto propuesto para la Reforma Constitucional.


Detalle de las modificaciones que proponemos al texto constitucional sobre la propuesta que presentó la semana pasada el Poder Ejecutivo:

 

1.    Artículo 2, inciso 8. Falta delimitar claramente cuáles son las fronteras marinas de la República Dominicana.

 

2.    Artículo 9: El interés público en la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional es un asunto transitorio que debería declararse mediante una ley, pero no incluirse en el texto constitucional ya que se trata de un asunto temporal.

 

3.    Artículo 37, inciso 2: Este epígrafe debe ser modificado para que diga más claramente que no se concederá asilo político en la República Dominicana a quienes cometan actos de terrorismo o crímenes en contra de la humanidad.

 

4.    Artículo 42, inciso a: Se debe establecer un tiempo límite en el texto constitucional para las indemnizaciones relacionadas al despojo de la propiedad en casos de calamidad o situación grave de parte del Estado.

 

5.    Artículo 42, inciso c: Se debe incluir en el texto constitucional una referencia o definición jurídica respecto a lo que se considera un latifundio para evitar una mala interpretación.

 

6.    Artículo 48: Al afirmar que toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales debería clarificarse lo que se entiende como “vivienda digna” y lo que se consideran como “servicios básicos esenciales”.

 

7.    Artículo 51, inciso 9: A fin de garantizar la retribución igual por trabajo de igual valor debería constar en el texto constitucional que los rangos salariales para cada puesto de trabajo en toda organización pública o privada deberían ser colocados en un lugar visible para los empleados. De esta manera sería posible garantizar mejor este derecho, quedando así los empleados mejor informados para reclamar sus derechos  en tal sentido.

 

8.  Artículo 52: A fin de garantizar mejor a todos los residentes legales la igualdad de oportunidades educativas debería constar en el texto constitucional la obligación patriótica de todos los centros educativos y universidades de exonerar completamente del pago a al menos un 10% de sus matriculados totales, distribuidos asimismo de manera proporcional entre cada uno de los géneros de su oferta académica. De esta manera algunos de los más pobres podrán acceder a las mismas oportunidades hasta ahora reservadas solamente para los más ricos y éstos quedarían menos distanciados de la situación de aquellos, lo que acabaría favoreciendo también la solidaridad y fraternidad entre ellos.

 

9.  Artículo 52, inciso 12: Esta nos parece una idea excelente. Debe incluirse en el texto constitucional la necesidad de promulgar una ley que delimite la forma en la que tendrá lugar la formación en las escuelas y universidades en tal sentido.

 

10. Artículo 58, inciso 10: El texto debería decir “Es deber del Estado garantizar una justicia gratuita, rápida y accesible” o bien “ Es deber del Estado garantizar una justicia gratuita, ágil  y accesible”. La rapidez es también parte integral del funcionamiento idóneo de un sistema de justicia en la medida en que reconocemos que el tiempo es valioso.

 

11. Artículo 65: La incompatibilidad de los cargos de Senador y Diputado con cualquier otra función o empleo en la administración pública es una idea estupenda. El texto constitucional debe establecer que el aceptar un cargo dentro de la administración pública implica la renuncia automática a cualquier puesto en el Congreso. También debería establecerse que los escaños son intransferibles salvo en los casos especiales que establece la ley y que en ningún caso pueden ser objeto de intercambio o venta.

 

12. Artículo 68, inciso 3: Los miembros de la Cámara de Cuentas solamente deberían ser ratificados por el Senado y no deberían ser escogidos en su totalidad dentro de las ternas preseleccionadas por el poder Ejecutivo, ya que el compromiso político impide a éstos la acertada ejecución de sus funciones de auditoría.

 

El Senado debería limitarse a ratificar a los miembros escogidos mediante un mecanismo hibrido como el que sigue: Dos miembros nombrados por el Presidente de la República mediante ternas, Dos miembros nombrados por la Suprema Corte de Justicia, Dos miembros nombrados por el Congreso Nacional, Dos miembros escogidos mediante un concurso abierto a la sociedad civil y uno nombrado por las facultades de contabilidad de las universidades.

 

13. Artículo 68, inciso 4: Los jueces de la Junta Central Electoral no deberían ser escogidos únicamente mediante el consenso entre las fuerzas políticas para evitar su politización. Un tercio de los jueces de la Junta deberían ser nombrados por la Suprema Corte de Justicia, otro tercio mediante el consenso entre las organizaciones políticas y un último tercio mediante un concurso abierto a la sociedad civil que cumpla con los requisitos. El Senado solamente debería ratificar a los jueces escogidos y tomarles juramento.

 

14. Artículo 68, inciso 5: El Defensor del Pueblo y sus adjuntos deberían ser escogidos por la Suprema Corte de Justicia mediante la realización de un concurso público abierto a la sociedad civil competente. No debería politizarse este cargo.

 

15. Artículo 69: Considerando el ejemplo de otros países, la extensión territorial de nuestro país, su número de habitantes y la considerable carga económica que representan los diputados para la ciudadanía, el número de éstos debería fijarse en no más de 150. Somos uno de los países con mayor número de diputados en la región, aún cuando nuestro territorio y nuestra población son inferiores a la de muchos de nuestros países vecinos.

 

16. Artículo 82: A fin de que la iniciativa legislativa popular sea más viable y representativa debería ser también posible recurrir a la misma mediante la obtención de las firmas del 5% del electorado registrado en una misma provincia o en el Distrito Nacional.

 

17. Artículo 104: Permitir la reelección de un ex presidente con apenas un período de receso es un mecanismo de perversión democrática y corrupción política, ya que no faltaran ex presidentes dispuestos a conspirar en contra de sus agrupaciones políticas a fin de conservar su cuota interna de poder y liderazgo frente a posibles rivales.

 

En ocasión de permitirse la reelección discontinua debería ser luego de DOS períodos consecutivos fuera del poder para cualquier ex mandatario. Este mecanismo es doblemente saludable para nuestra democracia: por un lado, la prolongada inactividad de los ex mandatarios favorece el relevo a lo interno de cada partido, por otra parte, también motiva a los ex mandatarios envejecidos a retirarse oportunamente de la vida política activa al no poder participar

 

18. Artículo 116: A fin de garantizar el sano desarrollo de la administración pública, favorecer el desempeño y la profesionalización de los empleados públicos y reducir el clientelismo a su mínima expresión debería restringirse seriamente la proporción de empleos a discreción de los cargos electivos. El 80% de los empleos en el sector público deberían obtenerse mediante los resultados de oposiciones abiertas al público, quedando solamente un 20% a discreción de las autoridades nacionales o municipales electas para cada período.  

 

19. Artículo 123: Debe añadirse al texto constitucional la condena de los privilegios no solo económicos, sino también políticos dentro de las formas de corrupción administrativa.

 

20. Artículo 160: El Procurador general de la República y sus adjuntos no debería ser nombrado por el Poder Ejecutivo. Estos nombramientos deberían estar a cargo de la Suprema Corte de Justicia atendiendo a los resultados de un concurso abierto a la sociedad civil competente a fin de garantizar mejor la autonomía en las funciones.

 

21. Artículo 194: El Defensor del Pueblo y sus Adjuntos no deberían ser nombrados por el Poder Ejecutivo sino por la Suprema Corte de Justicia atendiendo a los resultados de un concurso abierto a la Sociedad Civil competente a fin de garantizar la autonomía en las funciones y la plena separación de los poderes del Estado.

 

22. Artículo 205: La gobernación del Banco Central ni la Junta Monetaria no son autónomas en la medida en que el nombramiento de sus miembros depende únicamente del Poder Ejecutivo. La Gobernación  y la Vicegobernación del Banco Central deberían ser escogidas por mayoría simple entre los miembros de la Junta Monetaria cuyo número debería ampliarse a quince y que deberían ser escogidos como sigue: Dos miembros nombrados por el Poder Ejecutivo, Dos miembros nombrados por el Congreso Nacional, Dos miembros nombrados por la Suprema Corte de Justicia, Dos miembros nombrados por las facultades de Economía, Dos miembros nombrados por la Asociación de Bancos Comerciales, Un miembro en representación de la Tesorería de la Seguridad Social, Un miembro en representación de las Administradoras de Fondos de Pensiones, Un miembro en representación de la Asociación de Asociaciones de Ahorro y los Bancos de desarrollo, y otros dos miembros escogidos atendiendo a los resultados de un concurso abierto a la Sociedad Civil competente.

 

23. Artículo 232: El Senado debería limitarse a ratificar a los miembros de la Cámara de Cuentas escogidos mediante un mecanismo hibrido como el que sigue: Dos miembros nombrados por el Presidente de la República mediante ternas, Dos miembros nombrados por la Suprema Corte de Justicia, Dos miembros nombrados por el Congreso Nacional, Dos miembros escogidos mediante un concurso abierto a la sociedad civil y uno nombrado por las facultades de contabilidad de las universidades.

 

24. Artículo 240: Los jueces de la Junta Central Electoral no deberían ser escogidos únicamente mediante el consenso entre las fuerzas políticas para evitar su politización. Un tercio de los jueces de la Junta deberían ser nombrados por la Suprema Corte de Justicia, otro tercio mediante el consenso entre las organizaciones políticas y un último tercio mediante un concurso abierto a la sociedad civil que cumpla con los requisitos. El Senado solamente debería ratificar a los jueces escogidos y tomarles juramento.

 

Omisión Importante: En el texto constitucional no figura en ninguna parte la obligación que deberían tener los funcionarios públicos y las autoridades electas de hacer de conocimiento público cada año una rendición de cuentas respecto a su patrimonio, sus finanzas familiares y su gestión de los recursos públicos en el año anterior. Esta obligación debería quedar establecida como obligatoria para:

 

a)      El Presidente.

b)      El Vicepresidente.

c)      Los Ministros y viceministros.

d)      Los Senadores.

e)      Los Diputados.

f)       Los Jueces de la Suprema Corte de Justicia.

g)      Los Jueces de la Junta Central Electoral.

h)      Los miembros de la Junta Monetaria.

i)       Los miembros de la Cámara de Cuentas.

j)       El Defensor del pueblo y sus adjuntos.

k)      El Procurador General de la República y sus adjuntos.

l)       Los administradores de todas las instituciones públicas.

 


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