El sistema clientelar de empleo en el sector público y el desarrollo democrático e institucional en la República Dominicana

Las siempre insólitas cartas del destino es el título de una novela escrita por el novelista Roberto Marcallé Abreu quien ha sido galardonado con el Premio Nacional de la Novela dos veces, una en el año 1978 y la otra en el año 2000. Precisamente novelesco, aunque no estético ni artístico sino vulgar y repugnante, es lo que ha trascendido que sucede actualmente en la Lotería Nacional Dominicana, en donde se rumorea que el nuevo “administrador” y presidente del Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS),  el Sr. José Francisco Peña Guaba, ha exigido, mediante una circular enviada al departamento de Recursos Humanos de dicha institución, una carta del Partido de la Liberación Dominicana para “válidar” los cargos a ser objeto de reparto entre sus seguidores.

En la tarde de ayer el también ex “administrador” del decadente Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE) negó rotundamente la veracidad de estas acusaciones, asegurando que tampoco existe posibilidad alguna de que los números premiados se filtren a terceros. Es probable que todo esto no haya sido –o no se le permita dejar de ser- más que un simple rumor, pero da mucho en que pensar sobre la realidad del empleo en nuestras instituciones públicas.

El sistema dominante para el empleo en el sector público es la principal antítesis del fortalecimiento institucional en la República Dominicana y una de las mayores aberraciones de nuestro sistema democrático. Dicho sistema consiste en la repartición discrecional de empleos a manera de botín de guerra entre el presidente y sus partidarios a todos los niveles en atención a la categoría familiar, afectiva o electoral de cada uno de sus seguidores. 

Para el empleado público la estabilidad en el empleo  con el cual consigue el exiguo sustento de su familia tiene que ver menos con su desempeño que con la permanencia de una determinada agrupación política en el poder. Su voluntad electoral queda así secuestrada a favor del gobernante de turno, ya que no puede esperarse que nadie vote en contra del bienestar inmediato de los suyos.

Conscientes de ello, los mandatarios han hecho del incremento en la nómina pública un elemento de crucial importancia en la estrategia electoral de las organizaciones políticas a las que representan. Se prometen cargos a cambio de votos para llegar al poder y luego aquellos se incrementan más todavía a fin de conservarlo. De esta manera el número creciente de empleados públicos deviene en un mecanismo de perversión electoral e inequidad democrática.

En este sentido resultan muy ilustrativas las recientes declaraciones del senador Euclides Sánchez a la prensa nacional sobre el descontento generalizado que existe dentro de la militancia peledeísta que no ha sido recompensada todavía con algún empleo, como si los miembros de esta o cualquier otra organización política tuvieran más derecho que el 16% restante de los dominicanos que viven en carne propia lo que los economistas denominamos desempleo crónico o sistemático. En la práctica, aquel noble ideal del profesor Juan Bosch de “servir al partido para servir al pueblo” parece haber degenerado en algo así como “servir al partido para servirse del pueblo”.

Con una vileza inaudita y una desvergüenza a menudo inédita en los editoriales de nuestros periódicos, muchos  “jefazos”, “jefes” y “jefecitos” se aprovechan de las miserias de la empleomanía pública llegando a definir incluso líneas electorales so pena de cancelación para los empleados a su cargo. Muchos de estos sinvergüenzas, indignos tal cual son de lustrar siquiera el calzado de nuestros ilustres patricios, son los que luego aparecen en los medios definiéndose como valientes patriotas, amantes de la justicia y defensores incondicionales de nuestra democracia.

Ante la impopularidad intrínseca al aumento sostenido en los impuestos, el abultamiento de la nómina pública solamente puede conseguirse a partir de una base salarial muy baja, lo que motiva a los empleados a “buscársela” recurriendo para ello a la corrupción y a la invención de “negocios” de dudosa legitimidad y cuestionable moralidad relacionados a la actividad que realizan al servicio del Estado. Uno de los casos más conocidos tiene que ver con la agilización de trámites a cambio de comisiones que son negociadas directamente con cada “cliente” por algún tercero convenientemente ubicado en los predios de cada institución. Con frecuencia estos pagos se convierten en la única manera de lograr que un trámite legal sencillo se realice en un período de tiempo mínimamente razonable.

La inseguridad en el empleo, los bajos salarios, la ausencia de una política distinta a la discreción presidencial o la influencia política para el manejo de los ascensos y las prestaciones laborales insignificantes ante un despido por razones ajenas al desempeño laboral individual, mantienen a la mayor parte de los trabajadores mejor cualificados fuera del sector público generando una selección adversa de empleados manifiesta en la baja calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

Son tantos los inconvenientes de este sistema clientelar de empleo y es tal su incompatibilidad con el fortalecimiento institucional y democrático de cualquier país que la reiterada falta de una iniciativa de solución seria en este sentido de parte de nuestros gobernantes  debería llevarnos a la reflexión y al  asombro, especialmente cuando su solución es tan sencilla  y ventajosa, incluso para los partidos políticos ante la depuración de su miembros y la competencia electoral más equitativa. 

En la República Dominicana, como ha sucedido ya en muchos países más desarrollados, el empleo en el sector público debe dejar de ser un favor político para convertirse en un privilegio honroso y merecido con amplias garantías de parte del Estado. El número de puestos a discreción de la presidencia y de los ayuntamientos debe quedar restringido por ley a su mínima expresión, menos de un 15%, quedando el acceso a la gran mayoría de los puestos públicos condicionado a los resultados obtenidos en oposiciones abiertas al público cuya realización se encuentre a cargo de una institución cualificada e independiente respecto a las agrupaciones políticas y el gobierno.

La restricción drástica en la cuota de empleo sujeto a la repartición discrecional de quienes ostentan temporalmente cualquier cargo electivo, no solo facilita la reeducación electoral de la ciudadanía mediante la muerte por inanición del clientelismo, sino que también permite conceder un paquete de compensación más generoso para  los empleados mejor cualificados e idóneos para los trabajos realmente requeridos por cada institución pública a ser determinados mediante una planificación rigurosa. La garantía del empleo sujeta al desempeño, cuando no se deja abierta a la interpretación mezquina de algunos particulares, permite además una mejora en la calidad de los servicios públicos, la reducción del pillaje ante la llegada de un nuevo partido al gobierno o a los ayuntamientos y una mayor libertad y equidad democrática.

Este cada vez más necesario remedio a nuestro evidente deterioro  institucional y democrático lleva ya mucho tiempo barajándose en la agenda de nuestros dirigentes políticos sin que todavía ninguno se haya aventurado todavía a aplicarlo. Cual jugadores en la mesa de nuestro destino nacional, prefieren seguir barajando nuestras miserias con tal de poder ganar mucho, aunque jueguen mal._

 

 


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