La legislación laboral y el desempleo en la República Dominicana

 

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Por: Manuel Moisés Montás

A la verdad son muy pocos los economistas que reparan en los efectos no deseados de la legislación laboral vigente en nuestro país. Si bien es cierto que dicha legislación pretende nobles ideales, entre ellos, la legítima defensa de los intereses de la población trabajadora, lo cierto es que la misma ha contribuido en la práctica a perjudicar tanto a los trabajadores como al empresariado favoreciendo el incremento del desempleo y la contracción de los salarios.

La rentabilidad es un requisito básico de supervivencia para cualquier empresa en el competitivo sistema capitalista; básicamente su existencia evidencia que una unidad económica ha sido capaz de crear más riqueza a partir de la ya existente. La rentabilidad, lejos de ser animada por la ambición desmedida de siniestros empresarios, obedece más bien a las reglas básicas de un sistema que responde a la escasez absoluta mediante la asignación eficiente de los recursos,  estableciendo complejas relaciones dinámicas de valor entre ellos que, una vez interpretadas por personas y empresas, evitan que la humanidad sucumba a la manera de un agricultor que evita el hambre planificando racionalmente su actividad.

Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, las empresas en la República Dominicana no lo tienen nada fácil, debiendo tributar el 25% de sus ganancias brutas al Estado Dominicano y el 10% de las utilidades netas de impuestos a los empleados en la forma de bonificaciones, eso sin mencionar los impuestos sobre sus activos y ganancias de capital. Cierto es que hay empresas que evaden una parte de sus enormes obligaciones fiscales, pero no deben perderse tampoco de vista las “donaciones” obligatorias a los políticos, las “mordidas” para la pronta realización de trámites y otras formas de rapiña de los funcionarios públicos.   

Al amparo de la legislación laboral vigente, a estas pesadas cargas se añaden otras que elevan considerablemente el costo del empleo y el riesgo de la actividad empresarial; a saber, el pago obligatorio de seguros, licencias, regalías, preavisos y cesantías.

Este último apartado en particular, diseñado en principio para proteger a los empleados que llevan más tiempo trabajando en una empresa, es una auténtica bomba de tiempo para las empresas, ya que no faltan empleados que, movidos por la necesidad o por una ambición no menos mezquina que la que algunos adjudican al empresariado, conspiran para motivar su despido una vez el monto de una eventual indemnización llega a ser bastante grande.  

De esta manera se evidencia como la legislación laboral en particular, y la empresarial en general, generan desempleo en nuestro país. Enfrentadas a semejantes obstáculos en la conquista de la rentabilidad mínima necesaria para su supervivencia, las empresas se ven obligadas a reducir las contrataciones de personal, lo que conduce eventualmente a la depresión de los salarios ante la creciente incapacidad de la gente para encontrar empleo. Los salarios deprimidos contribuyen a la desmotivación de la población trabajadora, que por lo general ignora o no valora debidamente los componentes no salariales de su remuneración.

Habida cuenta de que la actividad económica en todo momento está limitada por el tamaño de los mercados, cuya magnitud no es sino un reflejo de la cantidad de transacciones que pueden realizarse rentablemente en un momento dado, no cabe la menor duda de que la legislación empresarial dominicana conduce al subdesarrollo, la pobreza y el desempleo.

Resulta, por tanto, de interés para el bienestar de la sociedad dominicana, proceder a combinar una reducción en las presiones fiscales que actualmente erosionan los ingresos de los empleados mejor cualificados y las ganancias de las empresas exitosas, con una reforma de la legislación relevante a los contratos de trabajo procurando su flexibilización.

Dicha reforma puede y debe contemplar el reemplazo de las actuales prestaciones laborales por un seguro privado de desempleo en virtud del cual, la población desempleada reciba periódicamente una porción de su salario en atención al número de cotizaciones realizadas hasta tanto ésta se incorpore a alguna actividad productiva._

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